Gipuzkoa
Hace años que el Ayuntamiento de mi pueblo, de signo socialista, supongo que por la presión de los nacionalistas y por quedar a bien con la moda del falso progresismo le cambió el nombre a mi localidad de nacimiento, de modo que de ser natural de Rentería pase a serlo de Errenteria, lo que en principio viene a ser lo mismo, pero igual no tanto teniendo en cuenta el desorbitado interés de algunos por modificar su denominación.
Con Patxi López en el poder uno pensaba que el euskera podría seguir desarrollándose y difundiéndose, claro que sí, pero no a costa de discriminar al castellano, sino abogando por la convivencia en libertad e igualdad de oportunidades de ambas lenguas. Creo de hecho que es lo que está haciendo el actual lehendakari, pero a falta de un Gobierno vasco del PNV, ha aparecido un presidente del Gobierno central, el socialista Zapatero, para ceder al euskera los nombres oficiales de las tres provincias vascas con tal de garantizarse el apoyo para aprobar los presupuestos y poder seguir gobernando, o desgobernando, este país. Así que en breve dejaré de ser de Guipúzcoa para ser solo y exclusivamente de Gipuzkoa, que en principio viene a ser lo mismo, pero si en verdad fuera así para qué este cambio. Que al menos, como van a hacer con Álava, admitan la oficialidad de los dos nombres.
No se pueden comparar estas decisiones con la discriminación que en su momento padecieron los negros frente a los blancos, pero si hemos aprendido a convivir civilizadamente, con los mismos derechos y deberes, hombre y mujeres de distinta piel, no entiendo por qué no pueden convivir un término español y otro en euskera para referirse a lo mismo. No sé si atreverme a llamarlo racismo o discriminación, pero me huele mal. Este tipo de acciones, de aprobarse, deberían tomarse por decisión del pueblo, no por la conveniencia egoísta de un presidente tan perdido como Zapatero.
Ya les vale a estos políticos. Que aprueben un cambio de sus nombres propios o del de sus partidos, si quieren, pero que no nos anden tocando los orígenes a los ciudadanos de a pie. Y que cambien, de paso, de una vez por todas esa ley electoral para que el voto de cada ciudadano en unas elecciones generales valga exactamente lo mismo en Huesca que en Lepe que en Alba de Tormes. Confiar en ello, con tanto interés de por medio, sería como esperar un milagro, pero, ¿y si los españoles desafiliados de partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones convocáramos una huelga general para exigir el cambio de la ley electoral? La que podríamos armar si nos pusiéramos tan fieros como los franceses. Pero esto es España.
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